Entre los reclamos históricos de la falta de servicios básicos y las movilizaciones por supuesto fraude electoral lideradas por una figura de ultraderecha, Santiago Peña prepara su nuevo gobierno tras haber resultado ganador de las elecciones el domingo pasado.

El domingo pasado, Paraguay eligió a un nuevo gobierno, que asumirá el 15 de agosto. A las siete de la mañana comenzó la jornada de votación, y con ella toda la maquinaria que despliega el Partido Colorado en cada elección. Compra de cédulas, conformación irregular de mesas electorales con mayoría colorada y la asistencia de punteros políticos para votar, constituyen el variopinto número de delitos electorales que se denunciaron desde las primeras horas del 30 de abril.

Largas filas daban una sensación de alta participación. Pero el desconocimiento en el uso de las máquinas de votación, y las 8.500 unidades incendiadas en septiembre pasado en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por causas aún desconocidas, hizo que pasadas las cuatro de la tarde muchos locales de votación todavía se mantuvieran abiertos.

Finalmente, con una participación del 63% de la población habilitada para votar -tan solo 2% más que en 2018-, la dupla Santiago Peña y Pedro Alliana, de Honor Colorado (HC), facción de la Asociación Nacional Republicana (ANR) liderada por el ex presidente Horacio Cartes, ganó la presidencia con el 42,74% de los sufragios, con un total de 1.292.079 votos, cifra similar a la de 2018, cuando Mario Abdo Benítez triunfaba con 1.205.310 de los sufragios.

La Concertación Nacional (CN) tenía a Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), por tercera vez como candidato a la presidencia, esta vez con Soledad Núñez como dupla, ex ministra de la Vivienda y el Hábitat en el periodo de gobierno de Cartes. La CN quedó en segundo lugar, con 27,48%, es decir 830.842 votos. En el pasado, el partido de Alegre no solo votó a favor del juicio político al entonces presidente Fernando Lugo, en 2012, sino que impulsó la acusación contra el ex mandatario, marcando un gran golpe institucional al país después de una de las masacres más sangrientas en la historia reciente de la lucha por la tierra en Paraguay, cometida en Curuguaty. El resultado que obtuvo fue uno de los peores del PLRA desde 2003.

Imagen: Daniel Ñamandu 

Además, previo a las elecciones, Alegre, en conjunto con miembros de la CN, anunció el 20 de abril a Sebastián Villarejo como ministro del Interior de su eventual gobierno, del Partido Patria Querida (PPQ), el mismo que impulsó la ya promulgada ley Zavala Riera, rechazada por diversas organizaciones campesinas -que también formaban parte de la concertación opositora- por tratarse de una legislación que criminaliza la lucha por la recuperación de tierras y blinda las tierras mal habidas, que fueron creadas con fines de reforma agraria y apropiadas de manera ilegal, principalmente por amigos del dictador Alfredo Stroessner. El anuncio no fue menor ya que en las propuestas de gobierno de la CN, un texto con más de 140 páginas, no había mención siquiera de la recuperación de tierras mal habidas como primer paso no solo para lograr la distribución de tierras en uno de los países con mayor concentración de tierras, sino como un camino necesario para saldar la histórica deuda en materia de verdad y justicia.

La victoria de Peña, el candidato de Cartes –que fue declarado en junio del año pasado como “persona significativamente corrupta”, y sancionado financieramente por Estados Unidos por su participación en hechos de narcotráfico-, representa una afrenta a las medidas de la embajada estadounidense. Esto se da al mismo tiempo que la consolidación de la figura de ultraderecha Payo Cubas que, bajo el discurso de “anti-sistema” de su partido Cruzada Nacional, logró 692.663 votos, quedando en el tercer lugar, con el 22,91%, pero posicionándose como la segunda fuerza, sin alianzas, a nivel nacional.

Denuncia de fraude electoral en un sistema “democrático” deteriorado

Al día siguiente de las elecciones, en todo el país se desataron numerosas protestas para denunciar un presunto fraude electoral. Las manifestaciones estuvieron lideradas por simpatizantes de Payo Cubas, que tomaron las calles y se enfrentaron con la policía en diferentes puntos del país, dejando como saldo unas 200 personas detenidas y alrededor de 70 imputados. Situación similar, pero no del mismo impacto, se había producido en 2018 cuando Alegre denunció un supuesto fraude con la transmisión de resultados electorales preliminares (TREP), demostrando desconfianza en el sistema de votación tradicional.

Desde 1947, los colorados han gobernado el país bajo gobiernos civiles como militares. Sostuvieron durante 35 años la dictadura de Stroessner (1954-1989) y conservaron el poder durante el periodo de “transición democrática”. El único y breve periodo de alternancia política se produjo con el triunfo de Fernando Lugo, en 2008, experiencia interrumpida abruptamente mediante un golpe de Estado impulsado por la misma ANR, en connivencia con el PLRA.

En este contexto, y a pesar de la falta de pruebas contundentes, la denuncia lanzada por el Partido Cruzada Nacional llevó a que el clima de rechazo de los resultados de las elecciones -y a las ya conocidas prácticas fraudulentas de la ANR-, se expresen en manifestaciones en todo el territorio nacional.

Imagen: Daniel Ñamandu 

En este marco, también se instalaron dudas hacia las máquinas de votación, implementadas desde 2021; un sistema de votación que genera desconfianza, propicia discursos que debilitan la credibilidad, y son plausibles de teorías conspirativas, al requerir de conocimiento de expertos para auditarlas, imposibilitando que cualquier ciudadano o ciudadana pueda controlar las distintas etapas del proceso eleccionario y determinar el resultado de los comicios con un alto grado de confianza y sin conocimientos técnicos especiales.

Desde la organización TEDIC (Tecnología y Derechos Humanos), que acompañó los primeros debates con miras a la implementación de las máquinas de votación electrónica en el país, observaron con “profunda preocupación cómo ciertas personalidades partidarias, luego de que sus propios grupos políticos aceptaran las reglas de juego y participaran de las auditorías ofrecidas por el TSJE a través de sus apoderados técnicos, lancen declaraciones públicas irresponsables que afirman, sin duda alguna, sobre un fraude electoral a gran escala, sin medir las consecuencias y escenarios que tales afirmaciones pueden generar en el sistema democrático”.

Pero más allá de las denuncias de fraude electoral, lo cierto es que Payo Cubas volvió a irrumpir en el escenario político, y de pasar a las millones de vistas en videos de redes sociales ahora también su figura se manifestó en las calles.

¿Quién es Payo Cubas?

Mientras se desarrollaba la dictadura militar de Stroessner, la que duró más tiempo en la región, en 1962 nacía en Washington, capital de Estados Unidos, Paraguayo Cubas, hijo de un militar paraguayo y miembro del Estado Mayor de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estaba de misión en ese país, motivo por el cual el ahora líder de la ultraderecha adquirió la doble nacionalidad.

Contrario a como lo presentan algunos medios de comunicación, Payo Cubas no es un outsider de la política: fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (1986-1987), electo diputado durante el periodo 1993-1998, candidato a gobernador de Alto Paraná en 1998, y candidato a intendente de Ciudad del Este, en 2001. También fue elegido senador en 2018, pero un año después fue expulsado de la Cámara Alta.

Subido al clima social de rechazo a la ANR, como candidato a presidente se declaró anti-sistema, ensayando un discurso contradictorio e inesperado, que enlazó desde demandas populares -como la expropiación de tierras mal habidas- a medidas totalitarias -como la pena de muerte para quienes roban-; o reformas constitucionales que implicarían la disolución del Congreso Nacional y gobernar con las fuerzas armadas en base a decretos.

Las particularidades de su personalidad, su constante uso de las redes sociales para entrar en contacto con sus seguidores y seguidoras, acciones directas como defecar en el despacho de un juez, pintarrajear grafitis y derramar agua al reconocido senador colorado “Cale” Galaverna en plena sesión del Congreso, le dieron un meteórico ascenso en la escena pública.

A las propuestas de Payo Cubas, y mientras el servicio de llamadas gratuitas 147 Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) recibió 29 denuncias de violencia contra niños por día durante abril, se sumó la elección de Rafael Esquivel, alias “Mbururu”, como senador nacional por el Partido Cruzada Nacional, que obtuvo 51.397 votos. Esquivel cuenta con prisión preventiva por abuso sexual de niños y con un proceso judicial abierto, que generó alta preocupación en diversas organizaciones sociales y políticas, que exigen que no jure como legislador en un Congreso abiertamente declarado “pro-vida y familia”.

Vamos a estar peor

Con su eslogan “vamos a estar mejor”, Peña se prepara para gobernar en los próximos cinco años y profundizar el proyecto político y económico de Cartes que, con su grupo de empresas, distribuyó el dinero proveniente del narcotráfico, lavando dinero bajo un esquema donde también se encuentra la compañía de Bolsa de Valores, que tiene como síndicos a José María Peña Nieto y a Manuel Peña, padre y hermano, respectivamente, del mandatario electo.

A dos días de las elecciones, Peña anunció que buscaría revertir la medida del Banco Nacional de Fomento, que retiró la corresponsalía al Banco Basa -vinculado a Cartes-, e interrumpió sus transferencias al exterior por presuntos vínculos con el terrorismo y lavado de dinero, demostrando lo que ya sabíamos: que su presidencia tendrá la tarea de blindar el dinero proveniente del narcotráfico y gobernar para la mafia.

Imagen: Daniel Ñamandu 

En reiteradas ocasiones se ha develado el esquema consolidado por Cartes. El año pasado, según documentaciones presentadas a la fiscalía y expuestas públicamente, su empresa Tabacalera del Este S.A. obtuvo por venta local 1,1 billones de dólares, desde 2013 a 2018, tres veces más de lo que ganaba exportando. Esto demuestra el mecanismo de simulación de ventas de cigarrillos en el país, mientras que la gran parte de la mercadería era llevada de contrabando al Brasil y, posteriormente, el dinero volvía a Paraguay de forma irregular a través de casas de cambios y de la entidad financiera propiedad de Cartes, cuyas operaciones crecieron 45% más durante ese periodo.

El incremento de su poderío económico y su importante intervención en el crimen transnacional, hizo que la embajada estadounidense declare al ex presidente como  “persona significativamente corrupta” el 22 de junio de 2022, años después de que archivos oficiales del país, filtrados por Wikileaks, demostraran que las operaciones ilícitas de Cartes ya eran bien conocidas por la Casa Blanca.

Por otro lado, no menos importante para Estados Unidos resulta el control territorial de Paraguay como aliado estratégico en el marco de la guerra económica con China. En los últimos años, sectores financieros han puesto en tela de juicio el vínculo diplomático de Paraguay con Taiwán, su único aliado diplomático en Sudamérica.

Queda claro que el proyecto de privatización, ecocidio y corrupción de la ANR se seguirá afianzando en los próximos años. Al mismo tiempo que se consolida el narcotráfico y expande sus fronteras en las calles, los espacios de encuentros masivos y la vida pública continuarán desatendidos, como es el caso de uno de los pabellones de la escuela María Felicidad González, de Asunción, que se encuentra clausurado hace seis años, sin respuestas de las autoridades, por peligro de derrumbe, algo similar que sucede en muchas otras escuelas del país. En las paradas de colectivos, hay largas filas por falta de transporte público y en los hospitales no hay camas de terapia intensiva. En el campo, se fumigan casas, se desmontan los últimos remanentes de bosques, y se desplaza a comunidades campesinas e indígenas. Los problemas históricos de la sociedad paraguaya seguirán siendo atendidos por los mismos que los crearon.

Un Congreso de mafiosos

Por segunda vez, bajo la Ley N°6318/2019, que modificó el Código Electoral Paraguayo, se incorporó el sistema de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales, y con casi la misma cantidad de votos que en 2018, la ANR tendrá ahora el control total del Parlamento, con mayoría propia en la Cámara de Diputados y, por primera vez, también en el Senado, donde se quedó con 23 bancas, seis escaños más que en las últimas elecciones. En Diputados, la ANR aumentó siete bancas, alcanzando 49. Además, controlará 15 de las 17 gobernaciones del país.

Por su parte, el PLRA perdió una banca en el Senado, quedándose con 12,  mientras que el Frente Guasu-Ñemongeta relegó cinco lugares, teniendo ahora solo un escaño. Los escaños perdidos fueron ocupados por Cruzada Nacional, que consiguió un total de seis.

El Frente Guasu, que tenía a Fernando Lugo como principal figura, representaba en el Parlamento el pensamiento del espectro progresista en Paraguay. Pero en los comicios del domingo, pasó de ser la tercera fuerza a su casi debacle, quedándose con un escaño en el Senado que será ocupado por la actual legisladora Esperanza Martínez, reelegida con 11.739 votos.

Martínez no solo desplazó en cantidad de votos al ex presidente Lugo, sino también a las demás figuras parlamentarias, como Sixto Pereira, Hugo Richer, Miguel “Kencho” Rodríguez y Carlos Filizzola, quienes quedaron relegados por nuevas candidaturas impulsadas por integrantes del Frente Guasu-Ñemongeta, que incluye partidos como Paraguay Pyahura y el Partido Comunista Paraguayo (PCP), posicionados dentro de la lista en tercer y quinto lugar, respectivamente.

Otro aspecto para mencionar es la figura de Johanna Ortega, del Partido País Solidario, quien se había presentado como candidata a intendenta de Asunción y en estos últimos comicios fue electa como diputada de la capital del país, con 13.894 votos.

Imagen: Daniel Ñamandu 

El actual escenario que dejaron las elecciones generales en Paraguay muestra la reafirmación de la hegemonía colorada, que con su estructura prebendaria y un discurso ultraconservador y anti-derechos logró mantenerse en el poder para seguir gobernando para una minoría, con un Congreso bajo su control y una situación social con necesidades urgentes.

Es evidente que el principal desafío en uno de los países con el mayor índice de concentración de la tierra en el mundo y menor inversión en salud y educación de la región, será construir una fuerza capaz de lograr el protagonismo político de las mayorías, que defienda sus intereses ante las figuras emergentes de la ultraderecha, y represente las demandas de trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad.