Reconocido en Colombia como defensor de los derechos humanos y la paz integral, y por su vínculo con procesos territoriales de base, Javier Giraldo Moreno, S.J. es una de los religiosos más representativos de aquella corriente que fue reconocido como la Iglesia comprometida con la lucha de los excluidos por vida digna, un proceso al que se vínculó desde muy joven y en el cual hoy continúa pese a sus 80 años. También es reconocido por ser fundador de la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz en 1988.

Un encuentro inesperado con el sacerdote Javier Giraldo en la Avenida Misak con carrera octava, a mediados de enero me permitió solicitarle una entrevista. Le escribí al correo sabiendo que un viaje que tenía pendiente y su apretada agenda nos exigirían esperar sin premura alguna su respuesta. El tiempo de espera fue menor que el temido y una semana después llegó su mensaje: la cita sería en Bogotá el 1 de febrero a las 4 de la tarde en el barrio La Soledad.

El día acordado acudí puntual y puntual me esperaba él, vital en sus ochenta años, con una palabra serena, reflexiva, cuidadosa. Hice memoria. La última vez que había conversado con el padre Javier sobre la situación del país había sido en diciembre del 2016. Al saludarlo ahora en la pequeña sala de recibo del edificio de la comunidad jesuita, disfruté la atmosfera de silencio, que se valora más en medio del ruido que hoy impera en la megaurbe. Recordé en voz sus palabras de aquel entonces y lo que había sentido en los años que siguieron al comprobar con honda pena el acierto de sus análisis.

En ese final del año 2016, le había encontrado en la esquina suroriental de la carrera séptima con calle 24 de la capital del país, y habitado por un entusiasmo irrefrenable con la firma de los acuerdos de paz en La Habana, le había preguntado por su apreciación sobre ese acontecimiento. Me expresó, más que su inquietud por lo que vendría, su honda preocupación debida a que el hecho de que no se habían abordado, con garantías, factores de la guerra y la violencia como la narcoeconomía y uno de sus epígonos más devastadores: el paramilitarismo, con todo lo que implica. La vida de quienes habían entregado las armas y la efectividad de lo poco que se había acordado, me dijo, eran muy inciertos.

Al escucharme, este 1 de febrero, sus palabras fluyeron: “Han tenido lugar acciones espantosas que han causado un enorme sufrimiento. Cosas que quisiéramos que jamás hubieran sucedido. Que, incluso, por momentos, hubiésemos preferido no saber. Y, sin embargo son enseñanzas que no se deberían olvidar, echarles tierra. Son lecciones terribles, dolorosas, que nos pueden enseñar mucho en el presente y en la construcción de otro porvenir”.

Y prosiguió. “Estuve muy cerca de los Acuerdo de Paz de La Habana porque fui nombrado como integrante de la Comisión Histórica. Y por esto seguí mucho más de cerca el desarrollo de los Acuerdos. Por todo ello, con el paso de los meses, la decepción fue muy grande.

Escribí en ese momento un artículo: “Expectativas, logros y frustraciones del proceso de paz”1. Algo que me ha sorprendido es que en varias universidades que me han invitado a presentar las ideas contenidas en ese escrito los concurrentes han expresado: ¡no teníamos idea de lo que ha acontecido! El país no se enteró del trasfondo de las negociaciones de paz. La nación no tuvo noticia de los intríngulis de las negociaciones. Ni siquiera de cómo se manejaron los temas: tierras, participación, justicia, drogas… los debates, las discusiones, las controversias las complejidades, las contradicciones, eso no le llegó ni de lejos a las universidades. Si no le llegó a las universidades, que se supone que hay comunidades que están estudiando, que deben estar enteradas… mucho menos al pueblo, a la gente de a pie. Esto es muy triste.

Fue una gran frustración. Los Acuerdos tuvieron tres firmas. La Habana, Cartagena y Bogotá. Entre lo firmado en La Habana y lo rubricado en Bogotá hay un abismo. Son dos cosas muy distintas. Hubo grandes recortes.

En La Habana vinieron las manipulaciones de Santos, que fueron terribles en las dos últimas semanas. Introdujo párrafos, capítulos y documentos enteros. Algunos de ellos ni siquiera los consultó con las Farc. Fueron desequilibrantes. Todos los principios que habían sido acordados fueron desconocidos: el equilibrio, el compromiso de no acordar impunidades para ninguno de los dos lados, el acuerdo de que habría justicia para ambas partes. Se tomaron decisiones desequilibrantes en favor de los militares. Y, además, después vino el plebiscito que ayudó a derrumbar lo poco que quedaba. Santos insistió en la realización del plebiscito, pese a que sus asesores le dijeron que no era necesario, que el Presidente tenía legalmente la potestad de firmar. Así y todo lo impuso y los resultados condujeron a que Santos le entregará al Congreso la versión con la que se respondió a los resultados del plebiscito y esto significó recortar, aún más, lo poco que quedaba”.

Pregunta (P.): Padre Javier, con base en esos hechos, en esa experiencia de afectación de los Acuerdos, ¿cómo contempla usted el proceso actual de paz total, lo que está ocurriendo hoy en el escenario de la paz?
Respuesta (R.): Ya llevamos más de 40 años de procesos de paz. Uno tras otro. Y, en mi modo de ver, todos han fracasado. Hay tres conclusiones que la reflexión sobre estos procesos nos permiten decantar, partiendo desde los acuerdos con Betancourt, porque antes hubo acuerdos con las guerrillas liberales. Hay tres conclusiones:

Primera, no se han tocado las raíces de la violencia. Ninguno de los procesos de paz desde los ochenta las han abordado. Segunda: los que se someten a la desmovilización, los que entregan las armas, un buen número, son asesinados. Tercera: todos estos procesos han terminado reciclando la violencia, tanto que después viene la necesidad de otro proceso de paz, otros acuerdos de paz. Otros y otros.

Creo que la propuesta del gobierno del Presidente Petro apunta a salirle al paso a toda esta cadena de frustraciones. No mantener una concepción sobre la construcción de la paz que entrañaría repetir una vez más la serie de fracasos. Por esto, comparto la idea guía de no parcelar el problema de la guerra y la violencia. Ni con grupos ni con factores. Cuando el Presidente habla de ‘paz total’, y una de las características de esa paz total es no parcelar el problema de la violencia.
El problema de la violencia en Colombia ha sido muy complejo. Se han ido sumando y sumando factores. Escenarios y dinámicas muy enrevesadas. Por ello, cuando el gobierno plantea abordar todos los actores y todos los factores, creo que es acertado. No digo que no sea difícil, es dificilísimo, y lo estamos viendo en las dificultades que se están presentando. Pero considero que es la orientación que nos podría permitir cesar o disminuir en alto grado el conflicto y la violencia. Todos los factores de violencia están integrados.

P.: Y, en ese escenario abigarrado, ¿cómo contempla el diálogo y la negociación con el Eln?
R.: Uno ve que el Eln es el único grupo político que está negociando en este momento. Claro, se discute sobre otros, si son o no son políticos. Pero el más claro es el Eln.

Una dimensión que considero indispensable reflexionar y reconsiderar es que personalidades decisivas en el proceso con el Eln, me refiero por ejemplo a que uno ve que el mismo Petro, el Canciller Leyva, el presidente del congreso Roy Barreras, varios de los ministros, la lectura que hacen, el enfoque que le dan a las negociaciones con esta guerrilla está marcado por el proceso con las Farc, ven al Eln a través del prisma de la experiencia con las Farc. Y me parece que con ellos, así, no van a poder…

Hace unos días un periodista de El Espectador se preguntó: ¿por qué está siendo tan difícil negociar con el Eln? Y el periodista ponía unos puntos sobre las ies, que a mí me parecieron muy bien puestos.

Creo que este proceso es muy diferente al proceso con las Farc. Las Farc eran una organización armada muy jerárquica, vertical, militarista. Y todo estuvo marcado por esas características. Se negociaba con la cúpula, se negociaba de poder a poder. Se negociaba con una fuerza que, por lo menos, pretendió durante muchos años, y ese era su objetivo, tomar el poder, y todo lo orientaban hacia allá.

Y, por lo tanto, les ofrecieron parcelas de poder, curules, …y fundar un partido político, integrarse a la lucha por el poder… ¡El Eln está en las antípodas de todo eso! ¡Ni quiere tomar el poder, ni quiere crear un partido político, ni quiere curules…ni quiere negociar armas o entrega de armas!

Y sin embargo, la mayoría de los que están opinando sobre eso, los medios en primer lugar, pero también Petro en los comentarios que hace, …o en las normas que a veces insinúa, está como presuponiendo un esquema similar al de las Farc. Y lo mismo Leyva, Roy Barreras, y ni se diga todos estos que han sido como “elenologos”… Víctor Correa de Lugo, Lucho Celis, Pacho Galán, …. ¡Parece que ellos tienen el mismo esquema del modelo con las Farc!

P.: ¿Y el Comisionado de Paz: Danilo Rueda?
R.: Creo que no está matriculado con ninguna lectura. Me parece que está muy abierto. No creo que él quiera conducir, sino escuchar y transmitir. Por eso creo que va será largo y difícil este proceso. Pero de todas maneras me parece más acertado y más productivo que lo otro.

En esa constante, en la misma dinámica de diálogo y negociación, y haciendo memoria, debemos recordar que el primer tema que los delegados del Eln lograron colocar como primero en las rondas de diálogo llevadas a cabo en Quito fue el de la participación de la sociedad. Esto me parece muy acertado porque, al fin y al cabo una revolución social, o una insurrección no se hace en bien de un grupito, se hace buscando el bien de la mayoría. Este fue el primer punto que ellos propusieron en Quito: la participación. Por supuesto, no de toda la sociedad, que hoy por hoy es imposible por su magnitud y la heterogeneidad de circunstancias. Pero sí de los que nunca han podido participar: los excluidos. Que tampoco es fácil lograrlo porque precisamente la exclusión los ha marginado y los ha enseñado a no participar.
¡Y el país está ¡tomado!,
¡tomado!, por el
paramilitarismo!

P.: Las palabras del padre Javier: un proceso largo y difícil, me hacen pensar en un factor de monstruosa violencia enquistada: el paramilitarismo. ¿Cómo lo contempla usted?
R.: Este es uno de los puntos más difíciles. La característica de este conflicto social, incluso a diferencia de otros países, ha sido precisamente esa: la presencia desde los comienzos de la confrontación del paramilitarismo. Los Estados Unidos fueron decisivos en su imposición. Quedó el registro de la famosa visita del General William Yarborough en 1962 a Colombia y su determinación de impulsar la formación de escuadrones paramilitares.

P.: Escucho la mención al general Yarborough y pienso en el sufrimiento y el odio generados en centenares de miles de víctimas del engendro paramilitar durante sesenta años en Colombia, y le pregunto, ¿cómo ve hoy esta realidad?
R.: El paramilitarismo ha sido normalizado en la sociedad colombiana y asimilado por la mayor parte de la clase política. Por ejemplo, a comienzos del gobierno de Duque organizaron una reunión en Melgar con toda la cúpula militar, varias embajadas, diversos poderes del Estado, los gremios y la comunicación para presentar su visión de la seguridad. En esa reunión Duque anunció –con una aparente ingenuidad muy grande, y pasando por encima de todos los debates nacionales e internacionales sobre paramilitarismo– que él tenía un millón de jóvenes civiles ya entrenados para servir como auxiliares del Ejército. ¡Anunció públicamente una estructura paramilitar!

En el estallido social de abril del 2021 se vieron nuevas formas de paramilitarismo. Lo calificamos como “el paramilitarismo de la ‘gente de bien’”. Fue lo que se presentó en Cali con gente adinerada, camionetas lujosas, armamento muy moderno, sin ninguna clandestinidad, por el contrario, ostentando sus armas, su uniformidad blanca, sus modernos equipos de comunicación y sus disparos y ametrallamientos. Todo eso quedó grabado. También sucedió en Bucaramanga y en Medellín. Es un paramilitarismo que la ‘sociedad de bien’ ha asimilado como algo normal y legitimo. Y esto sigue con mucha fuerza. Por ejemplo, toda la derecha tiene el respaldo de ese paramilitarismo. Ya no conciben la sociedad colombiana sin paramilitarismo.

En ese marco, uno percibe que el gobierno del Pacto Histórico aparece muy frágil frente al inmenso poder de este fenómeno. Este es el momento en el que aún no hay una política de control del paramilitarismo. ¡Y el país está tomado, tomado, por el paramilitarismo!

Yo lo veo, por ejemplo, en Urabá. En todas las veredas de Apartadó hay lo que ellos llaman “El punto”, “los puntos”. El “punto” es una familia o persona que tiene la misión de estarse comunicando de modo permanente con los mandos paramilitares y con los militares en cada vereda. Monitoreando todo lo que pasa en la vereda. Y convocando a reuniones y asambleas para dar normas, incluso para decir qué pueden y qué no pueden cultivar, cómo tienen que pagar “impuestos”. Con amenazas muy fuertes: el que no obedezca, o se va de aquí o lo matamos.

Incluso ahora, con la desmovilización de las Farc, que tenían presencia en algunas veredas, pues ya el dominio total es de ellos. Y ellos pagan. Y ese es el atractivo para los jóvenes allá. Casi que los jóvenes no le ven nada de reprobable a obtener ingresos en esa economía. Los jóvenes comparten entre ellos cuánto están pagando por hacer esto o lo otro. Las pagas atractivas para ellos y así están reclutando mucha gente.

Uno no ve que haya una política contra el paramilitarismo en este gobierno. Por el momento están haciendo contacto con esas grandes estructuras paramilitares, como las AGC2, Águilas Negras, Los Pachencas, y con tantas siglas que han aparecido de grupos o entramados paramilitares…

Hay que recordar, por ejemplo, el caso de Otoniel. Urabá es una zona muy difícil. Fue la cuna del Clan del Golfo. La casa de la familia Usuga la conocemos: una gran hacienda. La fueron agrandando con la compra de fincas adyacentes para tener centros de entrenamiento. La búsqueda de Otoniel duró varios años y le invirtieron cientos de millones de dólares, la operación Agamenon, manteniendo tropas y tropas, con el bloque de búsqueda tras él, y todo el mundo sabía dónde estaba. Eso no fue captura. Fue una entrega pactada. Y hasta chistosa y ridícula, que sirvió para que la población hiciera chistes del episodio.

Hay que recordar que en los años 80 la familia Usuga era militante del Ejército Popular de Liberaión (Epj), y él tenía entre sus tropas guerrilleros del Epl. Cuando se dieron acuerdos de paz al final del gobierno de Barco esta familia se entregó a Carlos Castaño, quien los conecta con el Estado. Las Farc no entregaron las armas en ese momento. Y los del Epl creyeron que al entregar las armas tendrían ascendencia política sobre la población que había habitado en los territorios en los que dominaban. Y lo que sucedió fue que se desató una guerra muy fuerte, sucedió la masacre de “La chinita”. El Estado tomó partido por los del Epl. Y su poder creció fusionado con el narcotráfico.

Ganaron control sobre parte del Golfo de Urabá, en especial sobre el Nudo de Paramillo, un territorio que genera muchísimo dinero: por ahí salen cargamentos de droga y entran las armas. El crecimiento económico de la familia Usuga ha sido monstruoso. Su dominio se consolidó con la desmovilización de las Farc. Su poder es enorme y se ha entrelazado con otros poderes económicos: el empresariado bananero, maderero, minero y frutero. El empresariado bananero se ha distinguido por ser fascista, de extrema derecha, profundamente ligado a mandos del Ejército y de la Policía. Respaldan el paramilitarismo. Controlan alcaldías y concejales. Las elecciones las financian ellos. La región está en sus manos: económica y políticamente. El eje es el Clan del Golfo. Y Danilo Rueda, el Comisionado de Paz, afirmó que está en marcha la negociación con el Clan del Golfo ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué han acordado? Ese entramado económico es un poder muy grande, local y regional. Me dicen que Medellín es un emporio de enorme poder de la extrema derecha que está preparando la derrota de Petro.

Allí, en Urabá, cuando la Comunidad de Paz hace 26 años alzó su ejercicio de resitencia civil contra las armas y por la vida, el paramilitarismo era muy fuerte y no era clandestino. Cocinaban y patrullaban juntos con el Ejército. Las comunidades les veían. Torturaban juntos y mataban juntos, masacraban juntos. Después de las denuncias, de la visibilidad a que los expuso las denuncias de la Comunidad de Paz y de la reacción de la comunidad internacional, han cambiado. Mantienen su unidad y coordinación, pero ahora no es visible. Cuando los paras convocan a una asamblea para el miércoles de la semana siguiente, el martes anterior las tropas de la Brigada XVII se van lejos, por lo menos a diez kms. Entonces, cuando la comunidad denuncia en los informes periódicos ante la Corte Interamericana: el día miércoles hubo reunión convocada por los paramilitares, la respuesta oficial de la Brigada es: ese día no teníamos tropas en esa región.

A la Comunidad de Paz no la han atacado durante los últimos años por todas las órdenes y el seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, pero esto no significa que hayan dejado de matar a la población civil de la zona. El último año creo que fueron ocho personas acribilladas por no obedecerles. Las amenazas sobre la Comunidad han persistido.

P.: ¿Es posible apreciar el decreto de la paz total como dos grandes propuestas: de una parte negociación política con organizaciones político-militares y, de otra, sometimiento a la justicia de las estructuras del narcotráfico más o menos cercanas a la guerra contrainsurgente. ¿Cómo percibe el proceso en este momento?
R.: Creo que un acierto es dialogar y negociar teniendo en cuenta las diversas situaciones regionales. El conflicto armado en cada región tiene características muy especificas, tanto de un lado como del otro. Tienen relaciones diversas con la población de cada región.

Lo que percibo es que el Comisionado de Paz y el ministro de Defensa, y de pronto gente auxiliar ahí, están en la tarea de contactar y hacer reuniones para ver quienes se van a acoger. Lo que uno percibe es que están lanzando propuestas, lanzando anzuelos por todas partes a ver con quienes van a dialogar y qué van a negociar.

Ahí se han filtrado algunas exigencias de los paramilitares, por ejemplo, la no cárcel. Y en esto, digo, que no les falta razón porque ellos dicen que las cárceles son el antro más horrible de corrupción y de degeneración. Y tienen razón. Por eso solicita que se contemplen penas alternativas. La otra exigencia es que les permitan mantener una parte del patrimonio que han acumulado. Un punto que es muy discutido porque han acumulado ese patrimonio con base en crímenes.

En este momento se están tendiendo esas redes. Uno ve al Comisionado de Paz, en ciertos momentos, como optimista: hay muchos grupos que han enviado sus propuestas. Y se ve que hay una perspectiva de participación en esta propuesta de paz total.

Lo cierto es que ¡todavía es muy difícil decir algo! Por una parte no hay una propuesta concreta. Y, por otra, el paramilitarismo conserva un poder enorme en todo el país.

Narcotráfico

P.: ¿Cómo aprecia usted los vínculos entre el reciclaje de las violencias y el lugar del narcotráfico en la economía nacional?
R.: ¡Es un factor y una fuerza decisiva! El narcotráfico lleva muchas décadas funcionando como una fuerza que potencia tanto al paramilitarismo como a algunas guerrillas, a sectores del Estado y a una delincuencia común. Renunciar a las rutas de exportación será ser muy difícil. Esa guerra continúa hoy. El gobierno de los Estados Unidos está alarmando diciendo que los cultivos han aumentado muchísimo. El Presidente Petro ha relanzado el debate internacional sobre la legalización de sustancias prohibidas. En mi sentir, un gran acierto. Él ha insistido en que la “guerra contra las drogas” es un fracaso. Y tiene toda la razón. Es un fracaso en el logro de los fines expresos con los que fue impuesta y es un fracaso jurídico y ético. Petro reconoce que el avance de la legalización no se puede hacer en un solo país. En ese marco es un acierto convocar a la comunidad internacional a reconocer el fracaso de esa guerra.

Creo que el cambio de la política de la “Guerra contra las drogas” –decretada el 18 de junio de 1971 por el presidente Nixon– es una dimensión esencial de la construcción de la paz. El narcotráfico ha sido un factor muy fuerte en el desarrollo de la violencia.

El Informe la Comisión de la Verdad

P.: ¿Cómo apreció usted la determinación de la Comisión de la Verdad de iniciar el proceso de esclarecimiento de los orígenes del conflicto en 1958?
R.: Creo que la Comisión de la Verdad tuvo muchas fallas. Y una de ellas fue el marco temporal que abordaron y con el que queda excluido lo sucedido con Gaitán y el movimiento gaitanista, y muchas otras cosas, ese periodo de los cuarentas y cincuentas fue terriblemente violento. Pero, además, fuera de excluir todo un periodo histórico, tampoco se profundizó mucho en materias esenciales, como el paramilitarismo. Lo abordaron de una manera que yo denominaría “académica”. Y esto sembró muchas frustraciones en los movimientos sociales. Diversos movimientos no vieron que se hubiera abordado el fenómeno paramilitar, sino que se le consideró amalgamado con el narcotráfico. Se habló de entramados y la responsabilidad se diluyó, se esfumó. Y la responsabilidad sobre el paramilitarismo no quedó esclarecida.
En el proceso de La Habana, las Farc no estuvieron firmes en esta materia. Todos los que hablamos de paramilitarismo se nos dijo: eso ya no existe, eso se acabó. E incluso mencionaban el periodo de Uribe como el momento en que eso se había acabado. Pero llegaron tantas y tantas denuncias sobre crímenes del paramilitarismo que la mesa de negociación tuvo que abordarlo y redactaron un capitulo que tenía 20 estrategias de lucha contra lo que llamaron: grupos sucesores de los paramilitares. Esas estrategias no eran nuevas. Ya se habían ensayado y habían fracasado: que crear una comisión con los ministros tales, que crear una procuraduría especializada, que crear una fiscalía especializada…

Es así como en los días previos a la firma del acuerdo de paz dijeron que iban a nombrar una fiscal encargada, la doctora Alexandra Valencia. Ella tomó muy a pecho el encargo y elaboró un plan. Incluso estuvo en el Cinep, antes de la firma de los acuerdos, presentando, junto con unos auxiliares que había conseguido, las líneas del plan que estructuraba. Pero en esos días hubo una masacre en el Cauca. Ella se pagó su propio pasaje y se fue al Cauca a indagar por lo que había sucedido. De modo inmediato el Fiscal General: Nestor Humberto Martínez la llamó y le espeto: ¡Usted, con qué permiso se fue para el Cauca! Ella le respondió: en el encargo que me hicieron me indicaron que tendría autonomía. Y él le respondió: de ninguna manera, usted depende de mi. En ese momento ella le dijo que así no podía cumplir su labor y renunció.

Entonces, nombraron una fiscal de bolsillo, no recuerdo su nombre; creo que hoy funge como vicefiscal.

1 www.pensamientocritico.org/primera-epoca/javgir0917.pdf
2 Las AGC son la sigla para una denominación bélica de una poderosísima organización para militar encargada de mantener el dominio territorial sobre una ruta principal de exportación de cocaína en el golfo de Urabá. Desde 1948, al asesinato de Gaitán subsiguió una campaña permanente de desinformación, tergiversación olvido: un “crimen hermenéutico” dirigido a borrar y/o desprestigiar y confundir el significado de la vida y obra de Gaitán.