En el marco de la investigación que trata de establecer la responsabilidad política por las muertes que se dieron entre diciembre y enero en Perú durante las manifestaciones, fue citada a declarar la presidenta Dina Boluarte. Aunque no esclareció lo sucedido y negó haber ordenado la represión de las protestas. El gobierno de Boluarte ya lleva 6 meses pero pende de un hilo ya que su alianza con la derecha para mantenerse en la presidencia traicionó el mandato electoral del pueblo que había votado por Pedro Castillo y por un cambio político. 

Castillo, el presidente electo, fue retirado de funciones por el Congreso de manera irregular y se encuentra en prisión preventiva desde diciembre. En paralelo, la reacción popular fueron multitudinarias manifestaciones.

Desde diciembre las manifestaciones populares expresan la contradicción entre el pueblo y la clase política. Mientras el pueblo es reprimido y gaseado por manifestarse pidiendo convocatoria a nuevas elecciones, la clase política negocia mantenerse en sus cargos sacando de sus puestos a los gobernantes que el pueblo eligió democraticamente. 

Boluarte declaró

La presidenta del Perú Dina Boluarte fue citada por la Fiscalía a declarar por la causa que investiga las muertes producidas en las manifestaciones de diciembre y enero. Declaró durante 3 horas aproximadamente pero no respondió preguntas ni de la procuraduría ni de los abogados de las víctimas.

Boluarte está acusada de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas en los departamentos Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. La declaración fue el 6 de junio y se desligó de la responsabilidad de la represión señalando a la dirección de la policía nacional y de las fuerzas armadas. Se están investigando 49 muertes producidas durante las protestas pero se estima que se han producido más de 60.

Unos días antes, la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe sobre los derechos humanos en el Perú en el contexto de las protestas, señalando probables ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales provocando masacres que deben investigarse.

Pese al contundente informe de la CIDH, Boluarte declaró que no tuvo nada que ver con la represión ya que desconocía lo que estaba pasando. Que ella no le ordenó ni a la policía ni a las fuerzas armadas la represión y que se enteró por los medios de comunicación, es decir que tampoco las autoridades competentes en el tema le informaron lo que estaba sucediendo en las manifestaciones. 

Lo que la presidenta dejó ver es que quienes eran responsables del tema eran sus ministros, específicamente el responsable sería el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien también está siendo investigado. Boluarte dio a entender que él sería el responsable de los operativos policiales en esas manifestaciones. 

¿Por qué se produjeron las manifestaciones?

El 7 de diciembre el Congreso del Perú iba a reunirse para decidir sobre el tercer intento de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Ese día a la mañana Castillo anuncia el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones. Ese anuncio fue objetado por algunos actores, ni su sector político, ni las fuerzas armadas, ni sus funcionarios salieron a respaldarlo. Castillo quedó solo, aislado y fue detenido por la policía por intento de golpe. El Congreso decidió adelantar su sesión y aprobar aceleradamente y sin derecho a defensa la vacancia, por lo que asumió el cargo la vicepresidenta Boluarte.

Castillo ganó la elección presidencial en 2021. Fue el candidato más votado en la primera vuelta electoral con el 19% de los votos y ganó la segunda vuelta por un mínimo margen frente a Keiko Fujimori. El gobierno de Castillo fue difícil, no tuvo una bancada propia en el Congreso lo que lo dejó expuesto frente a la los manejos del legislativo. 

Boluarte asumió el año pasado en ese escenario atípico en el que se dio la salida de Pedro Castillo que hizo desatar las manifestaciones. Castillo fue detenido mientras aún era presidente porque intentó cerrar el Congreso y convocar a elecciones, algo que la Constitución permite, pero no obtuvo el apoyo necesario. Por el contrario, fue interpretado como un intento de golpe, por eso fue detenido y el Congreso se reunió apresuradamente para aprobar la vacancia presidencial sin el debido derecho de defensa. 

Asumió Boluarte e iniciaron las manifestaciones. En primer lugar, las protestas pedían la liberación de Castillo y en segundo lugar algunos pedían la convocatoria a elecciones para elegir democráticamente a un nuevo presidente. Esas manifestaciones fueron cada vez más multitudinarias y la reacción del Estado fue la represión. Esto produjo una reacción mayor y muchos salieron a manifestarse contra la represión policial y las muertes que se estaban provocando. 

“Que se vayan todos” 

La imágen de Boluarte y del Congreso es negativa, ambas instituciones, la presidencial y la legislativa, tienen un alto índice de impopularidad. Más del 70% rechaza el gobierno de Boluarte y más del 80% rechaza al Congreso y su accionar.

Actualmente el gobierno celebra la supuesta calma social a la que se habría llegado. Pero dicha calma coincide con la aprobación por parte del Congreso de la llegada al país del Comando Sur. EEUU ya había otorgado cierta ayuda económica a Perú y el visto bueno al gobierno de Boluarte, ahora se le suma, a partir de octubre, la llegada del ejército estadounidense para realizar acciones coordinadas de capacitación y de entrenamiento con las fuerzas peruanas. 

El apoyo militar de EEUU representa una amenaza para las movilizaciones en contra del gobierno que aún se siguen convocando con el objetivo de pedir el llamado a elecciones democráticas. Nada garantiza la libre manifestación, por el contrario, el temor a la represión es ahora más grande.

El cinismo de Boluarte está en que, desde su discurso, ha criminalizado la protesta. En diciembre, cuando iniciaron las manifestaciones, Boluarte calificó a quienes protestaban como terroristas. En ese marco se dieron las muertes, había un gobierno que descalificaba acusando de terroristas a quienes se manifestaban, como consecuencia la policía reprimía porque la orden de la presidenta era “son terroristas”. La policía reprimió a supuestos terroristas. 

Lo cierto es que la reacción popular expresada en las protestas sociales expuso tres temas centrales:  

1. El abuso de la vacancia presidencial por parte del Congreso imponiendo sus intereses frente a presidentes democráticamente electos. Esa disputa de poder que se da entre el ejecutivo y el legislativo, provocando que, en los hechos, quien gobierne sea el Congreso y no el ejecutivo, dejando fuera al pueblo. 
2. La criminalización de la protesta. Boluarte responsabilizó a la protesta social por la violencia, movilizó el “terruqueo” (es decir, acusar a los manifestantes de terroristas), hasta llegó a decir que las protestas eran fomentadas por actores internacionales como Evo Morales o los presidentes de México y de Colombia. 
3. La estafa electoral. Castillo ganó la elección por más del 50% de los votos frente a la hija del dictador Alberto Fujimori pero hoy los que están gobernando son allegados al fujimorismo, con la agenda de la derecha y Castillo está preso.